La Ley de Amnistía

La ley del mercadeo: cuando la decencia se rompe por un sillón

Hay momentos en los que uno mira a su alrededor y siente una profunda incredulidad. Los ciudadanos, los que cada mañana madrugan, cumplen con sus obligaciones, sacan adelante a sus familias y respetan las normas comunes, asisten hoy a un espectáculo muy triste.

Vemos cómo las reglas del juego que nos protegen a todos se doblan, se estiran o se borran por completo para conseguir un único objetivo: que un grupo de políticos mantenga el poder a toda costa.

La reciente amnistía concedida a los independentistas catalanes no es un debate de leyes lejanas; es un golpe directo a la línea de flotación de cualquier sociedad justa. Es la constatación dolorosa de que el Estado, que debería ser el árbitro imparcial que nos cuida a todos por igual, se ha convertido en la herramienta particular de unos pocos.

Gobierno legal, pero comportamiento ilegítimo

Es necesario dejar una cosa muy clara para no caer en trampas dialécticas. Nadie discute el origen formal de este Ejecutivo: nació de unas elecciones, en las que hay que recordar, no recibió el apoyo mayoritario de los ciudadanos, pero sí cuenta con los números necesarios en el parlamento para llamarse un gobierno legítimo en lo legal. Pero la democracia no se agota el día de las votaciones. Sigue habiendo democracia, más allá de las elecciones. Y el gobierno formado por ese parlamento, debe seguir comportándose de forma democrática, y plenamente constitucional.

Un gobierno puede ser perfectamente legal de origen, pero convertirse en un gobierno ilegítimo por su comportamiento. Cuando la acción política se sustenta sobre la mentira constante, sobre la amoralidad y sobre el mercadeo de impunidades a cambio de votos, ese gobierno pierde toda autoridad moral ante los ciudadanos. No todo vale. Hay límites. Y el que los sobrepasa, demuestra tener un talante, como mínimo, poco honrado.

Es indecente y éticamente reprochable que se utilice el perdón penal como si fuera una moneda de uso personal para comprar una investidura. El mensaje que se le manda al ciudadano de a pie es demoledor: si eres un ciudadano corriente, la ley es estricta y cae sobre ti con todo su peso; pero si tienes los escaños necesarios para mantener a un presidente en el sillón, tus delitos se borran del mapa por arte de magia.

Quiénes firman la deshonra

Esta deriva no ocurre sola; necesita cómplices con nombres y apellidos. Presidentes como Pedro Sánchez, ministros como Félix Bolaños y todos aquellos diputados y dirigentes que han defendido y votado esta amnistía en el Parlamento, han roto el pacto básico de la decencia pública. No solo me refiero a los diputados. También a los partidos políticos.

Quienes ayer decían una cosa y hoy defienden la contraria solo por conservar el sueldo y el cargo público demuestran una falta absoluta de respeto hacia el ciudadano. Han pervertido la política: en lugar de estar al servicio del interés general, han puesto las instituciones al servicio de su propia supervivencia. Lo que estamos viendo no es diálogo ni concordia; es simple y llanamente un cambalache donde la dignidad del Estado se vende al mejor postor. Y curiosamente, el mejor postor, es el que quiere romper España, y el Estado.

El escudo de la justicia: el Tribunal Supremo

Afortunadamente, frente al desmoronamiento moral de los poderes político y legislativo, todavía quedan instituciones que recuerdan qué significa cumplir con el deber.

En este panorama tan oscuro, merece un aplauso rotundo la postura firme del Tribunal Supremo. Magistrados como los de la Sala de lo Penal se han plantado frente a la impunidad dictada desde los despachos. Al negarse a perdonar delitos graves como la malversación de fondos públicos —recordando que el dinero de los ciudadanos no puede usarse para pagar caprichos secesionarios—, el Supremo está haciendo lo que los políticos han olvidado: proteger el interés general.

Mantener las acusaciones y las órdenes de búsqueda contra figuras como Carles Puigdemont no es un capricho; es la demostración de que la ley sigue viva y de que nadie, por muchos escaños que controle, está por encima de la decencia y de los tribunales.

Conclusión

El ciudadano corriente observa todo esto con una mezcla de asombro y fatiga. No pedimos privilegios ni tratos de favor; solo pedimos equidad, respeto y honradez.

Un país no se sostiene sobre las maniobras de trileros de la política, sino sobre la dignidad de su gente. Y mientras haya gobernantes que confundan el poder con su propio cortijo, la voz y la crítica de los ciudadanos libres seguirá siendo el único freno posible ante tanta indecencia.

Desde este blog, concebido precisamente como una atalaya de resistencia cívica, no puedo permanecer neutral ante la degradación institucional. Esta falta absoluta de ética política y moral es profundamente reprochable. Políticamente insumiso condena sin paliativos este comportamiento amoral y esta ley de amnistía hecha a medida del poder. Y aquí seguiré recordando que otra forma de entender el servicio público es obligatoria y urgente.